viernes, 28 de enero de 2011

La Ley Sinde

Deberíamos llamarla Ley Sindecencia más bien, porque los políticos decencia tienen poca, en su mayoría al menos. Vaya por delante que no he revisado ni mucho menos el texto de la ley, pero por lo que he leído en los medios me voy a permitir opinar sobre el tema.

Érase una vez España, los 80, la movida madrileña y los progres disfrutando a tope con Tierno Galván, un señor muy cachondo pero intelectual que quería devolver la cultura a las clases populares. Años después aquellos progres (o parte de ellos) se aburguesaron y tomaron posiciones al frente de la SGAE, en principio llamada Sociedad General de Autores de España, y que en los 90 pasó a llamarse Sociedad General de Autores y Editores, una paradoja nunca antes conocida, pues los editores siempre fueron quienes abusaban de los autores, así que difícil era que se asociaran con ellos.

Haré un pequeño paréntesis para explicar por qué surgió la SGAE. La SGAE se origina como Sociedad de Autores a finales del siglo XIX. Todos o casi todos los artistas (músicos, pintores, escritores, etc.) eran pobres o casi en vida, simplemente porque quienes hacían negocio eran las editoriales, los teatros y otros intermediarios que eran quienes explotaban la obra. A los autores se les prometía siempre una compensación futura por su trabajo por amor al arte, una vez que ya se hubieran hinchado a recoger beneficios gracias a él. Otras veces se pagaba a los autores para que produjeran futuras obras, así que de una forma u otra, éstos eran una suerte de esclavos al servicio de producciones y editoriales, que no solían hacer caso a todo lo acordado (y aún hoy sigue pasando). Para defender sus derechos se fueron asociando y así surgió la Sociedad de Autores, que un siglo después vendría a estar respaldada por la LPI.

Acordémonos de cuando lo que todo el mundo en este país compraba eran discos de vinilo y cintas de audio. Ya entonces se pagaba un canon por cada cinta virgen y por cada grabador. Tus amigos te dejaban las cintas o los discos originales y tú te copiabas la música a una cinta virgen. No había tragedia de ningún tipo, pues la ley española permite la copia privada, siempre que ésta no sea con ánimo de lucro. Nadie protestaba, nadie se llevaba las manos a la cabeza, nadie decía que la cultura estaba en peligro. Por cada fotocopiadora también se pagaba canon. La ley al respecto de fotocopias me temo que es algo más restrictiva, pero aún no ha llegado a mis oídos de nadie a quien hayan multado por sacar un libro de la biblioteca y fotocopiarlo, incluso lo hacen en las copisterías, y en este caso sí que se lucran, claro. Luego se popularizaron los aparatos de vídeo, beta y VHS. Los videocassettes y las cintas vírgenes también llevaban canon. La gente grababa pelis de la tele y no pasaba nada. Cuando llegó el vídeoclub sí que aparecieron las primeras voces de alarma: "¡Los cines van a desaparecer!", decían. Recuerdo gente que tenía aparatos con doble pletina y se grababa las películas en casa. Desaparecieron las sesiones continuas y la mayoría de los cines de barrio. Otros se hicieron multisalas. Pero seguíamos siendo felices y estábamos en paz.

En los 90 a los españoles nos empezó a afectar lo de la era digital. La gente empezaba a sentirse más cómoda con los ordenadores en casa, y en la segunda mitad se empezó a popularizar internet. Las disqueteras dieron paso al CD-ROM por ser un medio físico de mayor durabilidad, y surgieron las redes peer to peer para compartir archivos. Y ahí ya la jodimos. ¿Recordáis Napster? Qué poco pude disfrutarlo yo. Por todo el mundo empezaron a darse voces de alarma, primero por parte de las discográficas y después por parte de las productoras de cine. Algunas televisiones también se unieron, pues no les hacía gracia perder audiencia porque las series ya estaban al alcance de sus espectadores antes de que pudieran comprar los derechos de emisión. Algunas redes de compartición de archivos, como Napster, firmaron acuerdos para hacerse de pago, y otras fueron perseguidas como si los que allí compartían fueran delincuentes peligrosos. Entre tanto, la piratería estaba a pie de calle: los que antes traficaban con armas y droga descubrieron un nuevo filón en discos y DVD de películas a bajo coste, que muchas veces eran basura, pero vete tú luego a encontrar al mantero a quien se la compraste. En nuestro país la polémica no se hizo esperar: la SGAE saltó al mundo de la política para poder sacar así mayor rédito económico, y consiguieron que se gravara con canon discos duros, impresoras, CD y DVD vírgenes. Luego llegaron también otros soportes como los teléfonos móviles, los lápices USB o los reproductores MP3. La diferencia era grande con los cánones anteriores, pues en nuestro ordenador podemos tener material perteneciente a otros autores, pero podemos no tener más que material nuestro propio por el que nadie tendría que pagar un canon de nada. Pero además, si yo pago un canon, eso me legitima para tener una copia privada en mi poder de lo que sea que me hayan prestado, por lo que en buena lógica eso que por parte de el gobierno no se dudó en calificar de piratería (bajar y compartir en redes P2P) era algo legal y completamente legítimo. Sin embargo, no, todo el que hacía esto tendría que estar visto como delincuente y las redes tendrían que desaparecer.

Y por fin llegamos a nuestros días, donde una ministra ha conseguido que una ley a todas luces inconstitucional sea aprobada en el parlamento. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues es bastante fácil, la verdad. Con nuestro querido gobierno se alinean artistas afiliados a la SGAE y que se reparten entre ellos cánones múltiples, ya vendan sus discos, películas y libros, o no. Esta gente quiere seguir manteniendo su estatus, pero es que además, los editores son hoy también miembros de la SGAE, y a éstos les hace bastante pupa si alguien se baja un libro sin su permiso, aunque el ánimo de lucro brille por su ausencia. Lo que me lleva a recordar que ahora se venden libros en formato digital, pero en este país no hay apenas ninguna diferencia de precio final con el que puedas compar en papel, siendo clara la distinta inversión requerida para uno y otro caso. Luego están partidos como CiU y PP que votaron en el Congreso en contra de la ley de marras, pero simplemente por aparentar, por arañar votos. Porque pensemos en los grandes empresarios que sufragan campañas y seguro que hallamos gente que tiene dinero en editoriales, discográficas o distribuidoras, todas ellas afectadas por la ley. Así que nada, luego votan a favor en el Senado, y en paz, todos contentos y aquí no ha pasado nada.

La ley consiste en que cualquier web sospechosa de vulnerar los derechos de autor (LPI) va a poder ser suspendida cautelarmente sin que tenga que intervenir un juez para declarar al responsable culpable. Esto es una vulneración de derechos constitucionales a todas luces, es poner el parche antes que haya herida, lo que también venían haciendo con los cánones de carácter digital por otra parte. Ahora queda esperar que haya alguna asociación de internautas que pueda plantear una demanda y que un juez declare la ley nula, pero entre tanto sufriremos aún más abusos de un lobby muy poderoso y con gran influencia política.

Solución: protegéos, no confiéis en nadie por internet y cuidado dónde y qué os bajáis, pero eso ya lo sabíais todos, porque llevamos años en el punto de mira.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

¡Guau! A este artículo le caería el Pulitzer fijo... escribes como los mejores periodistas, es increíble tu estilo, tu verbo, tu jerarquización de ideas. Yo te daría un premio mañana mismo. Dedícate a la escritura, que lo haces igual de bien que cualquier firma que se pueda encontrar en las librerías.

Qué pena que no tengo contactos en las más altas esferas, te recomendaría, bravo, bravo, desde aquí te aplaudo y te saludo.

Anónimo dijo...

Se me olvidó poner: [Modo sarcasmo: OFF]